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El Gobierno utiliza su primer decreto para forzar la renovación de RTVE

Con el decreto ley aprobado hoy, en menos de un mes se elegirá al nuevo presidente de la corporación pública

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Víctor Ruiz de Almirón

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes un real decreto con el que procederá a la renovación de la cúpula de RTVE . El Gobierno ha dado el visto bueno a un real decreto que entra en vigor de forma inmediata. En 15 días las Cortes elegirán a los diez consejeros y de entre ellos al presidente.

La portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha dicho que este real decreto pone en marcha la ley de RTVE aprobada en 2017 que alumbraba un concurso público para renovar la dirección y que ese concurso se celebrará cuando el proceso termine. El Gobierno asegura que «cuenta con los apoyos» para convalidar el Real Decreto Ley, para lo que tiene un mes de plazo.

«Podemos concluir que en un mes tendremos nombrado al presidente de RTVE y todo su Consejo de Administración. España merece tener unos medios públicos de comunicación que no estén al servicio de ninguna ideología, por muy legítima que esta sea, y que estén al servicio del interés general», ha justificado Celaá.

Según explican fuentes de La Moncloa, el real decreto contempla las mayorías que se establecían en la ley de 2007 para elegir a los consejeros y al presidente . Se precisa una mayoría de dos tercios en primera votación y mayoría absoluta (con participación de al menos cuatro grupos parlamentarios) en la segunda votación.

Además, el decreto introduce una clásula para evitar el bloqueo del nombramiento de los cuatro consejeros que corresponden al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si en el plazo de 15 días la Cámara Alta no elige a los consejeros que les corresponde, se habilita un mecanismo para que en el plazo de diez días el Congreso vote a los miembros del consejo que correspondían al Senado.

Y no solo eso. Se introduce una cláusula más por si se produjese un bloqueo de esta votación en ambas cámaras . En ese cambio el Gobierno plantea la figura del administrador único transitorio, que tendría que ser ratificado en el Congreso por el mismo sistema de mayorías.

El Gobierno ha trabajado durante toda la semana en la fórmula jurídica para proceder y en su contenido. Mientras, en paralelo el PSOE ha negociado con el resto de grupos parlamentarios los apoyos necesarios para convalidar el Real Decreto en la votación en el Congreso de los Diputados. Con el rechazo de PP y Ciudadanos , el Gobierno solo tiene abierta la vía de la moción de censura: con Podemos y los partidos nacionalistas.

Después de que PP y Ciudadanos acordasen desbloquear el modelo de concurso público con su mayoría en la Mesa del Congreso, el PSOE cuestionó que no se resolvía el problema de la interinidad, ya que José Antonio Sánchez y otros cuatro consejeros cesan hoy en sus funciones y RTVE se queda en una situación inédita.

El modelo de concurso público estaba ahora en la Mesa del Senado, y una vez reciba ese visto bueno el proceso de concurso puede durar entre cuatro y seis meses. Además de que el PSOE teme que el PP demore el inicio del concurso con su mayoría en el Senado. Esa es la justificación que presenta el Gobierno para actuar ahora por la vía del real decreto ley.

El decreto, que «cuenta con los apoyos» parlamentarios necesarios para ser convalidado, aunque Celaá no ha querido desvelar cuáles, «es enteramente respetuoso con la ley en todos sus términos», ha insistido Celaá, que ha incidido en que el concurso público «sigue su marcha».

Modifica el modelo de concurso

Pero según explican fuentes gubernamentales el decreto no se limita solo a solucionar el vacío de poder. Porque el decreto va a deshacer el acuerdo alcanzado en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos en el que se acordó que el comité de expertos tendría 13 miembros. Así, con los votos del PP, al que correspondían 6 expertos, y el de Cs, un integrante, podrían tener mayoría.

Pero ahora, el Gobierno se ampara en la necesidad de "pluralidad" para modificar ese procedimiento. Ahora serán necesarios cuatro grupos parlamentarios y podrán nombrar más de los 13 expertos previstos inicialmente, aunque no se especifican cuántos. En esencia el PSOE busca que se proceda con el acuerdo pactado inicialmente entre ellos, Podemos y Ciudadanos y que hablaba de entre 15 y 17 integrantes.

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